Dentro de Estados Unidos crece el debate sobre la legalidad y legitimidad de las acciones militares anunciadas por Donald Trump. Legisladores demócratas y republicanos han expresado preocupación por el uso de mensajes públicos como herramienta de presión militar, especialmente aquellos que incluyen amenazas directas contra infraestructura civil.
Expertos en derecho internacional recuerdan que atacar plantas eléctricas, puentes o sistemas de transporte podría constituir violaciones a acuerdos humanitarios internacionales. La Casa Blanca sostiene que todas las medidas están dentro del marco legal de defensa nacional.
El Congreso evalúa solicitar un informe detallado sobre las operaciones actuales en Medio Oriente y exigir mayor supervisión sobre la toma de decisiones militares.